En una clara defensa a dos intereses
básicos, el nuevo Código dispone que “el procedimiento preparatorio no es
público para terceros” (artículo 290).- Con ello se quiere tutelar, por un lado,
la propia investigación y la aplicación de la ley penal, en la medida en que al
inicio de las indagaciones la publicidad puede comprometer el éxito de las
mismas, al poner sobre aviso a los involucrados y a sus encubridores, quienes
alertados no sólo eluden la acción de la justicia sino además desaparecen los
rastros del delito; y, por otro, se tutela también la imagen y el prestigio de
los investigados, pues al inicio pueden aparecen algunas personas como
sospechosas de haber realizado un hecho delictivo, pero se trata de hipótesis
iniciales que requieren de verificación.
Los medios de comunicación tienen una
gran responsabilidad al momento de orientar a los ciudadanos sobre la
persecución del delito, en especial cuando se encuentran involucrados grandes
intereses o de altos funcionarios. Sin embargo, no podemos dejar de reconocer,
como muy bien se ha expuesto, que “el juez de instrucción, que ya era “el
hombre más poderoso de Francia” a juicio de Napoleón, se convierte en un poder
cuasi omnímodo cuando utiliza la prensa como caja de resonancia. Y es que una
inculpación pública equivale a un juicio. La presunción de inocencia desaparece
y el verdadero juicio en primera instancia se asemeja a un veredicto de la
opinión pública... porque el primer juicio, el de la opinión pública, equivale
siempre a una condena...”(MINC, Alain. La borrachera democrática. El nuevo poder de la opinión pública. Madrid: Temas de Hoy S.A., 995. p.97.).
En consecuencia, ese mecanismo debe
utilizarse con sumo cuidado en protección de aquellos intereses. Como
complemento de esas prohibiciones, el artículo 95 apartado 8 del nuevo Código dispone
que el imputado tiene derecho a “no ser presentado ante los medios de
comunicación o ante la comunidad en forma que dañe su reputación o lo exponga a
peligro”, aspecto que se ratifica al exigirse a las autoridades de policía que
no pueden permitir la presentación del arrestado a ningún medio de comunicación
social o la comunidad, sin su expreso consentimiento manifestado en presencia
de su defensor (art. 276.6 CPP). Estas disposiciones son también confirmadas
por la obligación de los funcionarios que participan de la investigación de
guardar discreción sobre las actuaciones cumplidas (art. 290 CPP).
En nuestro criterio la prohibición se refiere
a los funcionarios y a las personas que por alguna razón deban intervenir en el
proceso, como las partes, los testigos, los peritos, los traductores e
intérpretes, y demás empleados administrativos de los Tribunales, de la policía
y del Ministerio Público. No comprende a los medios de comunicación colectiva,
pero sobre ellos hay otras restricciones respecto de las informaciones
provenientes de los juicios públicos, cuando se puedan afectar intereses como
los secretos oficiales, la integridad de los declarantes o el derecho del imputado
y la víctima a un juicio imparcial y justo (artículos 308 y 309 CPP). Desde
luego es de esperar que estas potestades que autorizan ciertas restricciones
sean utilizadas con mesura, con el fin de no desnaturalizar la publicidad del
debate, y la información de los ciudadanos sobre lo que ocurre en los
tribunales de justicia (Sobre el tema véanse NUVOLONE, Pietro. ¨Segreto istruttorio e informazione¨ En: La ricerca sulla giustizia del Centro per la Riforma dello Statto. Quali Garanzie (Italia), 99?. pp. 4 6 ss; y CASTILLO GONZÁLEZ, Francisco. ¨La publicidad en el CódigoProcesal Penal¨ En: Revista de Ciencias Penales. San José, 977. N° 32 pp. y ss.).
Cuando en contra del imputado no se ha
pedido una medida de coerción, ni se ha solicitado realizar un anticipo de
prueba, el Ministerio Público está facultado para ordenar el secreto total o
parcial de las actuaciones, siempre que sea indispensable para el éxito de un
acto concreto de investigación (art. 29
CPP). Esta medida debe ser interpretada en forma muy restrictiva, según
lo ordena el artículo 25 del Código, porque de ser generalizada podría
obstaculizar el ejercicio del derecho de defensa y los derechos de la víctima.
La
policía debe realizar los actos de investigación que le encargue el Ministerio
Público, y puede realizar todas aquellas facultades establecidas en leyes
especiales, siempre que no hayan sido derogadas, incluso implícitamente, por el
nuevo Código Procesal Penal.
Fuente:
Libro: Derecho Procesal Penal, ENJ.
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